Al reflexionar, encuentro que no es tan difícil cumplir la legislación española. Sin embargo, como ciudadano, observo posturas en la administración y su gestión que me resultan difíciles de entender. Por eso, he decidido escribir este texto y compartir una preocupación. Puede que haya algunas imprecisiones en mi argumento, pero es importante expresar la situación actual de inseguridad jurídica y el incumplimiento repetido de la legislación estatal.
La soberanía y el poder del estado reside y parten del ciudadano:
En particular, detallaré el artículo más relevante de la Constitución española que fundamenta las demás leyes.
Artículo 1:
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.” (A efectos de este escrito indiferente)
En este mismo artículo 1 se encuentran los principios esenciales que guían todo el ordenamiento jurídico español:
– Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
– Soberanía nacional reside en el pueblo, los poderes del estado son delegados por el pueblo.
El resto de los artículos refuerzan estas ideas fundamentales, como el principio de igualdad ante la ley en el artículo 14:
Artículo 14:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Crear una ley es un proceso complejo que implica varios pasos y consideraciones importantes que abarcan aspectos legales, éticos, técnicos y sociales.
El desarrollo de las leyes se fundamenta en los principios éticos y morales, así como en el respeto hacia los demás ciudadanos. Es esencial entender que tanto derechos como obligaciones existen, manteniendo un equilibrio con el resto de la sociedad.
La ética y los valores son cruciales en el Estado de Derecho y la sociedad. Deberían permitir el cumplimiento de la legislación sin necesidad de infringirla, al menos en su esencia.
La libertad, la justicia y la igualdad se basan en el respeto hacia los demás ciudadanos. Cuando hay igualdad, los ciudadanos tienen los mismos derechos y no debe existir nada que perjudique dichos derechos.
Sobre la creación de leyes:
El proceso de creación de una ley implica un análisis exhaustivo y considerado, involucrando expertos de diversos campos, aspectos éticos y morales, y un diálogo continuo con la sociedad para asegurar su justo y eficaz cumplimiento.
Tras una lectura de la Constitución española y una comprensión de sus fundamentos, considero que es la mejor constitución posible, pero su implementación requiere mejoras significativas.
Actualmente tenemos situaciones en España que no deberían estar sucediendo si se hubieran aplicado la constitución de forma diligente.
Del Gobierno y la administración “Artículo 103”
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
El artículo 103, es mi preferido porque teóricamente con funcionarios capaces y competentes propone que las diferentes instituciones sean independientes para la resolución de problemas a la ciudadanía. Gracias al concepto y descentralización pueden estudiar la situación concreta de un particular o una determinada área que un gobierno central desconocería o pierde la percepción de la importancia del problema sin esperar a un proceso burocrático de una institución centralizada. Por otro lado, se busca el interés general (bienestar de la ciudadanía) siendo eficaz en dicha gestión. Es decir, de forma que el trabajo se haga tanto diligente, económicamente cumpliendo el objetivo.
El articulo 103 es aplicable a todas las administraciones e instituciones públicas, desde el funcionario que se encuentra en un registro, pasando por letrados de administración de justicia y hasta los cargos legislativos. Los políticos, que son cargos públicos y también funcionarios.
El problema en la situación jurídica española en relación con los principios de la Constitución Española del artículo 1 radica en la falta de plena efectividad de las instituciones contempladas en el artículo 103 de la Constitución. Estas instituciones, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, deberían garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades establecidos en la Constitución y proteger a los ciudadanos de posibles abusos de poder y/o un mal funcionamiento o falta de diligencia de las instituciones y funcionarios en sus funciones.
Sin embargo, existen dos causas que están enfermando el estado de derecho y las instituciones:
1.- La falta de mecanismos de control y su implementación en las administraciones públicas frente al costumbres viciadas que van en contra de los principios de efectividad, de incumplimiento de su propia normativa que se traducen en una pérdida de derechos del ciudadano.
2.- La injerencia del poder legislativo en estas instituciones debilita su independencia y capacidad para actuar de manera imparcial. Esta interferencia puede manifestarse en la designación de altos cargos, la influencia en los procesos de toma de decisiones y la falta de recursos adecuados para su funcionamiento efectivo.
En resumen, el problema central es la falta de independencia, control en sus procesos y eficacia de las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho y proteger los derechos fundamentales, lo que socava la plena realización de los principios democráticos y constitucionales en España.
Mecanismos de control sobre la gestión efectiva y el tribunal de cuentas:
El Tribunal de Cuentas del Estado español es un órgano constitucional que tiene como función principal fiscalizar y controlar la gestión económico-financiera de todas las entidades del sector público en España. Esto incluye el control de los ingresos y gastos públicos, la evaluación de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, la verificación de la legalidad de las actuaciones económicas de las entidades públicas, entre otras atribuciones relacionadas con la fiscalización y control financiero.
El Tribunal de Cuentas depende del Poder Legislativo y se rige por los principios de independencia y autonomía funcional. Su misión es garantizar la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos, contribuyendo así a fortalecer la rendición de cuentas y la buena administración en el ámbito público en España.
En resumen, aunque el poder legislativo debería ser independiente y representar los intereses de la sociedad en su conjunto, la realidad política puede implicar que existan ciertas influencias del poder ejecutivo sobre el legislativo, lo que puede afectar la dinámica de toma de decisiones en el ámbito legislativo.
La situación del párrafo anterior podría explicar por qué se han aprobado leyes que van en contra de la igualdad o el derecho a la propiedad y el problema actual que tenemos en la sociedad española.
En España, ha habido situaciones en las que se ha observado influencia del poder ejecutivo hacia el poder legislativo. Estas influencias pueden manifestarse de diversas formas y en diferentes contextos. Algunos ejemplos concretos incluyen:
1.- Control de la agenda legislativa: El poder ejecutivo puede influir en la agenda legislativa al priorizar ciertos proyectos de ley o impulsar iniciativas que favorezcan sus políticas y objetivos.
2.- Mayorías parlamentarias: Cuando el partido o la coalición que controla el gobierno también tiene una mayoría en el parlamento, esto puede facilitar la aprobación de leyes propuestas por el poder ejecutivo y limitar el contrapeso legislativo.
3.- Nombramientos y designaciones: El poder ejecutivo puede influir en los nombramientos de altos cargos en el poder judicial, organismos de control y otros órganos, lo que puede tener repercusiones en la independencia y equilibrio de poderes.
4.- Negociaciones políticas: En situaciones de negociación política, el poder ejecutivo puede buscar acuerdos con partidos o grupos parlamentarios para asegurar el respaldo a sus iniciativas legislativas a cambio de concesiones u otros compromisos.
5.- Presión política: A veces se han dado casos de presión política ejercida desde el poder ejecutivo hacia legisladores para que voten en determinada dirección o apoyen ciertas medidas.
Es importante destacar que estas influencias pueden variar dependiendo de la coyuntura política, la composición del parlamento y otros factores. El equilibrio de poderes y la independencia del poder legislativo son principios fundamentales en un sistema democrático, y cualquier interferencia indebida puede generar debates sobre la calidad democrática y el Estado de Derecho.
Es decir, el poder ejecutivo tiene la potestad de realizar los presupuestos generales del estado, y existe un órgano el Tribunal de Cuentas del Estado Español que evalúa la administración de esos gastos y presupuestos que depende del poder legislativo. EL tribunal de cuentas estaría encargado de regular las acciones del poder ejecutivo y la administración en materia de la gestión.
El problema radica que los dos poderes están en manos de partidos políticos, y se puede dar el caso que un mismo partido o coalición tenga una misma mayoría tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo. Difícilmente se criticará o se controlará la negligencia o la falta de eficacia contra una misma organización, en este caso una organización política.
Control en las administraciones e instituciones:
Por otro lado, las propias instituciones deben de tener un control y medios adecuados para ejercer los poderes derivados de soberanía del pueblo y actualizarse para cumplir la normativa vigente. Como puede ser la normativa de registro, el esquema nacional de seguridad y la seguridad de la información, etc.
Dicho control también en mí opinión, debería realizarlo tanto el tribunal de cuentas, como la Fiscalía del Estado. (Con su departamento correspondiente). El tribunal de cuentas es desconocido para mi, y los Fiscales están saturados de trabajo y actualmente bajo una crisis de reputación sin precedentes.
Si bien, es necesario preguntarse si tienen los fiscales los medios, el apoyo y la libertad necesaria para ejercer su trabajo.
Así mismo es necesario empezar a reclamar como ciudadano la responsabilidad administrativa del estado, las instituciones, los funcionarios, etc. Y una compensación por el abandono de las funciones del estado y el principio de efectividad.
Por otro lado, las autoridades y responsables deberían explicar por qué no existe una división de poderes y de los mecanismos de contrapesos de poder en España. Así mismo como se ha llegado a la situación que vivimos actualmente, y que no parece camino de corregirse. (La deuda pública va en aumento).
Bajo un análisis de la constitución española y la situación actual en España, las conclusiones que llego para mejorar la situación y fomentar un futuro son:
1.- Reflexionar si el estado actual del Estado Español y la inseguridad jurídica que sufrimos es por la propia administración de justicia o por las leyes que se han promovido que fomentan la injusticia y la desigualdad en la sociedad española. Reflexionar, que mecanismos o acciones pueden llegar a solucionar el escenario actual.
En mi caso creo que:
1.- El Estado debería promover tanto interna como internacionalmente de forma efectiva el crecimiento económico, la riqueza y la seguridad. Dado que una mayor riqueza promueve mayores recursos, tanto para el estado como para la población, y una mayor seguridad. Al ser más efectivo, la carga fiscal del estado se reduciría y se ampliaría su efectividad. Por tanto, el déficit público disminuiría.
2.- El Estado debería revisar las leyes que actualmente no están de acorde a la constitución española o promueve injusticias. Corrigiendo las leyes ineficaces e injustas. Antes de dicha corrección un grupo de expertos debería revisar y realizar un análisis sobre el impacto de las medidas.
3.- El Estado debería promover una mayor trasparencia y mecanismos de control y corrección de los contrapesos de poder. Separando los organismos y evitando que sean dependientes de un mismo poder / organización. Es necesario dotar de mas medios a estos mecanismos de control y dada la situación actual, debería analizarse si realmente son independientes y porqué estamos llegando a una situación límite y de crisis institucional.
Un aumento de la efectividad, de la transparencia y de los mecanismos de control disminuiría el número de procedimientos judiciales y su grado de complejidad. Simplificaría el trabajo a los tribunales y disminuiría la injusticia y la mala praxis que se ejerce desde las instituciones hacia el ciudadano, socavando sus derechos y regularizando los expedientes judiciales.
4.- Es necesario reclamar como ciudadano la responsabilidad objetiva del estado en función, las instituciones, los funcionarios, etc. Y una compensación por el abandono de las funciones del estado en los poderes que emanan del ciudadano y el principio de efectividad. En materias como, por ejemplo: La gestión, la administración y la legislación.
Los tribunales deberían de ser consientes, y la fiscalía empezar a trabajar y evaluar de oficio la responsabilidad objetiva de la administración. Cada vez que falla la administración y obliga al ciudadano a hacer una acción que no le corresponde es una falta contra la soberanía del ciudadano.
5.- La formación de las leyes en la educación al ciudadano es muy limitada por no decir inexistente. Se debería enseñar o fomentar a la ciudadanía sobre los derechos, sus obligaciones y los mecanismos que pueden disponer para el ejercicio de los mismos, así como nociones para comunicarse con la administración.
Por último, me gustaría saber si estas de acuerdo, y que propuestas constructivas propondrías.
D. Eduardo García de la Beldad Sanchis
Experto Universitario en Análisis Forense Web y Redes Sociales en Ciberseguridad y Peritaje Informático Judicial, en Derecho Informático y Peritaciones Judiciales, en Hacking Ético de Sistemas y Redes de la UDIMA. Experto Universitario en Delegado de Protección de Datos LOPD. Master en Informática Forense y Delitos Informáticos (UDIMA).
